Samuelson, P. (1966) dice que: “vivimos en una civilización comercial y financiera. Por eso, para entenderla, tenemos primero que entender la organización y funcionamiento de las empresas” (p.80), clasificando a las empresas según su valor, potencial económico y político, nóminas que pagan y número de empleados, la realidad es que las grandes empresas ocupan un lugar estratégico a nivel nacional o mundial. Sin embargo, este economista explica que la separación entre propiedad y administración presenta al menos dos dificultades. La primera, “es cuando los directivos se adjudican para sí mismos o a sus amigos y parientes, sueldos relativamente grandes, gastos de representación y pensiones de retiro a costa de los accionistas” (p.99). El segundo conflicto podría centrarse en las utilidades no distribuidas, donde el accionista se ve ajeno a las decisiones que se toman respecto a su inversión. Esta compleja separación entre propiedad y gestión, según Knight (1921) es a causa de una variable clave que termina por dividir las ocupaciones dentro de una empresa, a saber: la incertidumbre.
La incertidumbre obliga al empresario a buscar hombres con capacidades de adaptación; capacidad para mitigar y prevenir eventos adversos; capacidad de gobernar y aplicar control y dirección sobre el equipo de trabajo; y confianza respecto a su buen juicio ante eventos riesgosos (p.122). Sin embargo, para que esto ocurra, el administrador deberá contar con cierto poder y ciertas garantías para lograr los objetivos a los cuales se ha comprometido, por otra parte, el empresario buscará asegurar que dichos actos se realicen en un contexto de responsabilidad y control. La relación de este trabajador y el empresario se llevará a cabo mediante un contrato.
Para Knight (1921) existe una diferencia entre el dueño de la propiedad (p.56) y el gestor de la propiedad productiva (p.153), puesto que “los que están en el control de las políticas del negocio, cuentan con una mejor posición para prever sus ingresos futuros” (p.152). Este hecho es inevitable -asegura este autor-, y va en detrimento de los objetivos previamente acordados entre las partes.
Las perspectivas de incertidumbre y contrato (Knight. 1921), las toma Coase (1937, p.568-569) para explicar dos puntos: Primero, indica que, al existir incertidumbre, el administrador carece de condiciones de planificación mecánica de la producción y la trivial asignación de recursos. Por el contrario, la incertidumbre, obliga a este administrador a utilizar activamente, su buen juicio y razonamiento para planificar y ejecutar los niveles de producción que se definen. Es decir, existe en la empresa una actividad que es producir “buen juicio” y su remuneración es diferente a la actividad de producir bienes y servicios. “La existencia de esta actividad es el resultado directo de la incertidumbre” (p.568); Segundo, explica por qué la empresa es más eficiente que el mercado, ya que las funciones del contratista o ejecutante, no están bajo el control del empleador o contratante, sino más bien, que dichas labores están bajo el arbitrio de los esfuerzos que realice el propio contratista o ejecutante en virtud de los fines para los cuales fue contratado. Coase (1937) indica que la característica de la actividad del “buen juicio” recae sobre personas que, en virtud de su función, deben estar libre de las limitaciones que caracterizan a las personas que están en la producción misma, pues en estas condiciones los costos de contratación son menores a los costos de transacción[1]. Coase (1937) busca distinguir la labor del empleador y el empleado, para esto cita a Batt que dice: “Lo que distingue a un agente de un sirviente no es la ausencia o presencia de un salario fijo o sólo el pago de comisiones de negocios hechos, sino la libertad con la que un agente puede llevar a cabo su empleo” (p.572).
Coase (1937) en ninguno de los párrafos de su obra, “La Naturaleza de la Firma”, hace alusión acerca de los peligros de dicha relación contractual, por lo menos en el sentido establecido por Knight, situación que es tomada por Williamson (1987, 1996) pero mediante hallazgos de otros autores.
Con lo anterior, Jensen (1983, p.13) definió a una organización como una entidad legal, cuya función es servir de base para una amplia y compleja configuración de contratos. Estos contratos fijarán las reglas del juego al interior de la organización mediante la incorporación de tres dimensiones: El sistema de evaluación de desempeño; El sistema de recompensas; y la asignación de derechos de decisión. Aunque reconoce que el “comportamiento cooperativo entre los seres humanos es visto como una contratación problemática entre individuos egoístas con intereses divergentes (p.21)”.
Para Knight (1921) los problemas corporativos comienzan cuando los gestores de la propiedad productiva “manipulan las políticas operacionales y financieras para producir cambios en los valores de capital (p153)”. No solo esta manipulación se orienta hacia la búsqueda rápida de ganancias, sino también, “la corrupción de las fuentes de información (p153)”. Jensen y Meckling (1976) también explicaron estos hechos, donde el principal y el agente se relacionaban mediante un contrato: “Ambos son maximizadores de utilidad y velarán por sus propios intereses, por lo que el principal establecerá incentivos para alinear los intereses del agente, por lo que incurrirá en costos de monitoreo” (p.3). Jensen (2005) también se refiere al hecho que algunos ejecutivos, a causa del conflicto de intereses terminan en la cárcel o bien, al ver que la actividad operativa de la organización deja flujos de caja libre, el agente buscará obtener para sí las cuasirrentas que se derivan de ella (Jensen, 1986). La tesis de Fama (1980) es que la “separación de la propiedad y el control de la gestión puede ser explicado como una forma eficiente de organización económica dentro de la serie de contratos” (p.289). En orden a estos puntos, puede indicarse que la discrecionalidad del agente está en torno al contrato juramentado con el principal. No obstante, las motivaciones y las conductas del agente son problemáticas y divergentes. Los llamados costos de agencia también incluyen la idea que no vale la pena cumplir todo lo establecido en el contrato[2] (Jensen, 1983, p.21).
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[1] Coase infiere que “Al parecer existe un costo asociado al uso del mecanismo de precio”. Uno de esos costos sería el de negociación y cierre de contratos para cada transacción realizada en el mercado. Este costo disminuye de manera importante al existir una empresa, puesto que, al contratar un factor dada una remuneración, no será necesario firmar cada vez que al factor se le asigne una nueva tarea. Por tanto, es mediante un contrato que se fijan los límites de obediencia a las instrucciones dadas por el empresario. De igual modo, la empresa no elimina la idea que persigue un contrato dentro de la actividad económica y sus transacciones, pero sí disminuye el número de ellos. Si las transacciones suscitadas en la empresa enfrentan menores costos contractuales que los que se establecen en el mercado, ¿Podría significar que el empresario es más eficiente, no solo en la asignación de recursos, sino que también, más eficiente en los costos de contratación de esos recursos? Esta conclusión de Coase es vital, puesto que implica que el empresario puede encontrar factores de producción a un menor costo respecto a los costos de transacción del mercado. (p.561-563)
[2] Estas cuestiones presentan un gran desafío en la definición y alcance de la idea de maximización del valor de la firma (Jensen y Meckling. 1976) cuyas funciones han sido asignadas al agente mediante un contrato. Pese a esta responsabilidad, el agente mantendrá un carácter discrecional para la toma de decisiones, por la divergencia de intereses con su contratante, con alcance en las decisiones de la estructura de deudas, Flujo de Caja Libre (Jensen. 1986), o bien, en el pago fraudulento de los impuestos (Erickson y Maydew. 2004), entre otros ejemplos.